teleltrabajo

La ley y la trampa

A cuatro meses de la entrada en vigencia de la ley de teletrabajo

 

Por PAULA COCCO (Licenciada en Ciencias Políticas, trabaja hace más de 10 años en la Cámara de Diputados como asesora. Participa de la Comisión de Legislación Laboral )

 

El 1 de abril, mediante la resolución 54/2021 entró en vigencia la Ley de teletrabajo, noventa días después del fin del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio tal como establece el artículo 19 de la ley.

Al momento de su sanción, escribí un artículo contando los principios importantes que la ley incorporaba. A cuatro meses de entrada en vigencia, según un informe publicado en mayo 2021 enseñanza, finanzas y servicios profesionales son los sectores que más trabajo remoto alcanzaron. En el tercer trimestre de 2020 el 58.4% de las y los trabajadores del rubro enseñanza, trabajaron de forma remota.

Si consideramos que el teletrabajo era prácticamente nulo en este sector antes de la pandemia, la dimensión del número de reconversión se vuelve astronómica.

Los datos surgen del informe “Evolución del trabajo remoto en Argentina desde la pandemia”, realizado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) y puede ser consultado en la página web argentina.ar.

Mientras que para el primer trimestre del 2020 la cantidad de personas ocupadas trabajando desde sus casas con equipos informáticos era de tan sólo el 1,8%, al final del año, y pandemia mediante, esa cifra trepó al 12.9% con impacto diferente según los rubros.

En el otro extremo, actividades como servicio doméstico, construcción y hoteles y restaurantes fueron las que menos pudieron reconvertirse a la virtualidad. Ubicado en segundo lugar, después de enseñanza, el sector financiero fue también un rubro en el que las personas que trabajan pudieron migrar de forma relativa al trabajo remoto del 3.9% antes de la pandemia al 30.7% a finales del 2020.

DATOS ESCASOS

Sin embargo, estos datos resultan escasos si lo que pretendemos es mirar cómo la entrada en vigencia de la ley supuso en la realidad cotidiana de aquellos trabajadores convertidos a la modalidad la conquista de los derechos allí plasmados.

El Ministerio de Trabajo de Nación no ha relevado aún el impacto de la ley en los convenios colectivos de trabajo firmados en 2021 algo que nos permitiría observar cómo se concretaron en la práctica el derecho a la desconexión, el deber de las y los empleadores de hacerse cargo de los gastos vinculados a servicios de banda ancha necesarios para desarrollar las actividades laborales o cómo se ejercerá el poder de control estatal sobre las medidas de seguridad referidas al mobiliario y equipamiento que debe proveerse.

Vuelve a suceder lo que en su momento se hiciera manifiesto referido a la forma en que trabaja el Estado el diseño de políticas públicas. Al respecto, los teóricos de la ciencia política Victoria Murillo, Steven Levitsky y Daniel Brinks refieren en su libro “La ley y la trampa en América Latina”, que la distancia entre lo que imponen las normas escritas y lo que sucede en la práctica es muchas veces una estrategia política que apela a la debilidad institucional para diseñar reglas que después no se aplican. Son reglas políticamente atractivas, vetadas de hecho en el terreno por los responsables de aplicarlas. Si el Estado no asume un poder de control real y se involucra de esta manera en la implementación de las políticas públicas que impulsa mediante leyes, difícilmente pueda mensurar si el impacto de una política está a la altura del espíritu del legislador y alcanza para satisfacer la demanda que motivó su creación.

A menos que todo el andamiaje estatal centre sus fuerzas para validar un proceso accountability de forma comprometida y efectiva sólo podremos concluir que, en efecto, juegan a esa debilidad institucional para librarse de aquellos temas que desde la sociedad se demandan cumpliendo su rol formal a través de la sanción de leyes y dejando librado a la responsabilidad de aquellos que deseen o no cumplirlas, aún a pesar de las sanciones.

Hay una agenda interesante de temas que se observan desde esta perspectiva y que permiten establecer una relación entre sus postulados. En Argentina la ley de Bosques es una muestra cabal de esto.

A más de 10 años de su sanción, aún no se cumple como debería. Si bien la ley ha cumplido su misión de poner en agenda el peligro de la deforestación y en bajar los índices, la deforestación ilegal persiste: en el año 2018 el 50% de la deforestación fue en zonas tipificadas por la ley como rojas o amarillas, que debieran ser protegidas.

La advertencia debe pesar sobre todos nosotros, quienes al final seremos, como trabajadores o ciudadanos comprometidos con el ambiente, quiénes debamos exigir el cumplimiento de lo que las normas mandan, pero colectivamente a los fines de que no sea la justicia dictaminado sobre el caso individual la que resuelva los problemas de institutos débiles surgidos desde la política.

Haz tu comentario arriba, desde tu sesión de facebook!