Abogados: fuerte defensa de sus incumbencias

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Rechazan tres iniciativas contempladas en la llamada “ley ómnibus”. Gestiones ante legisladores

Declarado en sesión permanente, el Colegio de Abogados de Necochea, rechaza de plano tres cuestiones incluidas en el proyecto de la llamada “ley ómnibus” promovida por el gobierno nacional

Ellas son el proyecto de sucesiones notariales, la derogación de honorarios judiciales mínimos en materia federal y el divorcio administrativo, sin necesidad de participación de abogados.  Estas tres iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei forman parte de la “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, tal como se denominó formalmente al proyecto del Poder Ejecutivo.  El rechazo se extiende a “todo aquello que afecte las incumbencias y el ejercicio profesional de los abogados”.

Víctor Pagani Deluchi y Lucía Jano, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Colegio de Abogados local hablaron al respecto en el programa televisivo “El Ciudadano”, conducido por el periodista Hugo Möller, emitido este miércoles en el canal Somos, a través de Flow.

Ambos profesionales del Derecho dejaron en claro que trabajan al respecto en forma coordinada y conjunta con el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Colproba), de cuya comisión directiva Pagani forma parte.

Indicaron que ya han redactado solicitudes de entrevistas con los jefes de las distintas bancadas a fin de llevar estas inquietudes al Parlamento, exhortando a los legisladores nacionales a que rechacen, al menos, estos aspectos contemplados en la “ley ómnibus” que, aseguran, atentan contra el ejercicio de su profesión como así también a los justiciables.

ACTIVOS EN FERIA JUDICIAL

“A pesar de estar en feria judicial, durante la cual teóricamente no estaríamos trabajando, sí lo estamos haciendo, pendientes de la tarea que inicia el Poder Legislativo nacional para tratar esta ley ómnibus, como se la denomina”, expresó Pagani Deluchi, señalando que tienen gran preocupación por el impacto que puede tener.

“El consejo directivo del Colegio de Abogados ha decidido estar en sesión permanente en defensa de nuestros derechos laborales, como trabajadores del Derecho que somos”, indicó, para acotar que estas medidas “no sólo afectan a la abogacía en particular, sino también a la ciudadanía”.

Pagani Deluchi manifestó que hay varios puntos en estos proyectos que “impiden el ejercicio profesional” y “no sólo eso, sino que afectan la protección de cada ciudadano, ya que un debido asesoramiento y una adecuada contención jurídica sólo las pueden brindar los abogados”.

Lucía Jano, por su parte, afirmó: “A nosotros, como representantes de la matrícula de los abogados, lo que nos preocupa, fundamentalmente, es lo relacionado con nuestras incumbencias profesionales”.

En tal sentido, recalcó que la atención esta fijada en “el tema de los honorarios en el fuero federal, las llamadas sucesiones no contenciosas notariales y los divorcios administrativos”.

“Estamos preocupados porque para nosotros no sólo es nuestro trabajo, nuestra fuente de ingresos, sino además porque creemos que nuestro trabajo es también un servicio a la comunidad, añadió la vicepresidenta del Colegio de Abogados local. Y recalcó: “No es lo mismo presentarte sin patrocinio letrado o sin asesoramiento jurídico antes las cuestiones que la ciudadanía tiene, que contar con ese respaldo profesional”.

Con respecto al divorcio, reflexionó que no sólo se trata de la ruptura de un matrimonio, sin que “hay implicadas otras cuestiones que necesitan asesoramiento de un profesional”. Al respecto, subrayó: “El divorcio no es un trámite que uno va y hace directamente, sino que hay que conocer cómo ha sido esa unión de los cónyuges y toda la unidad familiar, por lo que entendemos que se requiere de un asesoramiento profesional”.

Jano destacó que, apenas se conocieron los principales aspectos de la “ley ómnibus”, los abogados locales decidieron reunirse y redactaron un comunicado sobre los pasos a seguir, a raíz de consultas de los matriculados.

“Estamos en sesión permanente, ocupándonos del tema y decidimos tener contactos y hacer pedidos a los legisladores, para que nos reciban y escuchen lo que los abogados tenemos para decir, ya que todo esto va a depender en gran medida del Poder Legislativo”, añadió la abogada oriunda de Lobería.

“INCERTIDUMBRE JURIDICA MAYUSCULA”

Con respecto al DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) impulsado por el presidente Milei, el Colegio de Abogados local, en la misma línea que el colegio provincial, tiene “una visión crítica de esta forma de legislar, que está prevista en la Constitución de la Nación reformada en 1994, pero entendemos que se está desnaturalizando su reglamentación por ley sancionada en 2006, que nos genera una incertidumbre jurídica mayúscula”.  Así lo expresó Pagani Deluchi.

El presidente del colegio local consideró que “el espíritu de aquella reforma, en su concepción, no fue la de transformar el sistema jurídico en su totalidad a través de un decreto de necesidad y urgencia”.  Y recalcó que “la respuesta a esta incertidumbre está en manos de los organismos del Estado, no sólo del Ejecutivo, sino de los tres poderes del Estado”.

“Lo que exigimos -añadió- es que todo el ordenamiento jurídico sea previsible. Y esta forma de legislar, pareciera que no lo es. Esto es riesgoso, cambia las reglas de juego y permite que en un futuro pude suceder lo mismo a la inversa. No debería utilizarse esta herramienta para legislar”.

Volviendo a las propuestas contenidas en la “ley ómnibus”, Pagani Deluchi sostuvo que “no es algo nuevo”, si bien en esta oportunidad el impacto ha sido mayor.

“Estos proyectos que a nuestro criterio no corresponden, que son inconstitucionales, que violan el derecho de las personas, que violan el derecho de los abogados, es algo que ya ha ocurrido, siendo rechazados in límine”, agregó.

Finalmente, Pagani Deluchi afirmó: “Es obligación de nuestro colegio estar activos en defensa de nuestros matriculados y matriculadas. Y también aportar a la sociedad desde ese lugar, entendiendo que hay que considerar a la profesión como una herramienta de equiparación de derechos. No hay mayor desigualdad que tratar a la forma desigual como igual. Y para eso también está la profesión”.

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