La UPC y el municipio difieren por deuda

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La cooperativa indicó que supera los $640 millones y en la comuna aseguran que es de poco más de $81 millones

Como ya sucediera años atrás en varias ocasiones, han surgido diferencias entre las conducciones de la Usina Popular Cooperativa “Sebastián de María” y la Municipalidad de Necochea respecto de cuestiones económico-financieras, teniendo como telón de fondo razones políticas.

Luego que en reiteradas ocasiones el intendente Arturo Rojas, ya en el tramo final de la campaña política, antes de ser reelecto, efectuara duras críticas a la conducción de la UPC, mencionando la existencia de personajes “oscuros y nefastos”, la cooperativa eléctrica dio a conocer, el martes último, una nota dirigida al jefe comunal, indicando que el municipio adeuda a esa entidad algo más de 640 millones de pesos.

La nota lleva la firma del gerente general Alejandro Issin y contiene un desglose de lo que la cooperativa entiende que adeuda el municipio, incluyendo siete ítems.

Según ese detalle el total de la deuda asciende, exactamente, a $ 640.129.844,35, aclarándose que esto es “sin recargos”. También se indica que “estas cifras son las resultantes luego de efectuar las compensaciones habituales respecto de los conceptos de los que el municipio resulta acreedor (tasa de alumbrado público, tasa fondo universitario, tasa inspección de medidores y Ley 11.769)”. Y se acota que para llegar a esas cifras equipos técnicos de la Usina mantuvieron “numerosas reuniones” con auxiliares y funcionarios de la comuna.

Sin embargo, desde el municipio reconocen que existe una deuda, pero aseguran que es notablemente inferior a la que pretende cobrar la UPC: sostienen que es de poco más de $81 millones.  Menos de casi 600 millones de lo que reclama la cooperativa.

Según el detalle que redactó la UPC, los conceptos por los cuales el municipio le debe dinero son los siguientes:

1.-Servicios sociales (emergencias y sepelios)     $ 3.949.843

2. Telecomunicaciones (internet banda ancha) $ 38.849.776

3. Energía eléctrica (consumo edilicio y alumbrado público) $ 352.017.281

4. Mantenimiento alumbrado público: $218.477.781

5.- Obras solicitadas y ejecutadas: $ 26.306.285

6.- Cámaras de seguridad (consumo de energía) $ 528.875

Pero en el municipio reconocen deuda en algunos ítems pero no en otros.  Aseguran que no está vigente el convenio por mantenimiento de alumbrado, que cesó en octubre de 2020.  Otro tanto sucede con al alumbrado público: aseguran que el contrato venció ese mismo año. Por lo tanto, consideran que el reclamo no tiene validez, ya que tampoco se prestó el servicio.

También difieren respecto del servicio de internet, señalando que entre agosto de 2017 y diciembre de 2019 no se facturó y ahora se pretende cobrarlo a valores actuales.

Sí reconoce la comuna que hay una deuda de ejercicios anteriores que es de algo más de $13 millones, en tanto que del ejercicio 2023 se debe la suma de $ 67,5 millones.

Hay de por medio, además, el reconocimiento de una deuda por $2.742.000

En definitiva, la Municipalidad de Necochea reconoce que mantiene deuda con la cooperativa eléctrica, pero de una magnitud muy inferior a la que considera la UPC. Ya que también esta tendía deudas con la Municipalidad, por lo cual es habitual que se hagan entrecruzamientos de cifras para determinar, finalmente, cuál es el saldo entre ambas instituciones.

Cabe recordar que el municipio solicitó que se haga una auditoría a la Usina por parte del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), sugiriendo que se habrían cometido algunas irregularidades.

La Usina Popular Cooperativa “Sebastián de María” es concesionaria de la prestación del servicio de energía eléctrica y la Municipalidad de Necochea es el poder concedente.
Desde el Palacio Comunal señalan que el último contrato de concesión fue prorrogado y que el mismo venció en octubre pasado. Rojas deslizó la posibilidad de una intervención, siendo muy crítico respecto de la forma en que se ha venido conduciendo la cooperativa en los últimos años.

Los cuestionamientos no apuntarían tanto a la presidenta del consejo de administración, Pilar Vitale, como a integrantes del Sindicato de Luz y Fuerza, que hoy integran el mismo, ocupando estratégicos cargos, incluyendo la secretaría por parte de César Arrieta.

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