A pedido del municipio. Podría ser un paso previo a la intervención
Por JORGE GOMEZ (colaboración)
El sendero que concluirá en la intervención municipal a la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María, concesionaria del servicio eléctrico en las ciudades de Necochea, y Quequén, como así en áreas rurales lindantes y el Paraje Arenas Verdes, partido de Lobería, tendría un desarrollo administrativo previo que, según fuentes consultadas, estaría en plena evolución cuando se transita la segunda semana de noviembre.
Trascendió que, visto el apoyo a la decisión política de parte de la Provincia de Buenos Aires que promueve el intendente Arturo Rojas, basada en numerosos fundamentos y argumentos, entre ellos lo que se considera “una pésima administración” de la entidad, y la millonaria deuda que la UPC afronta con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), a quien le compra la energía eléctrica y luego la vende a los asociados del servicio local, la cual -vuelven a señalar las voces conocedoras del asunto- ascendería a más de 8.300.000.000 de pesos, sin actualización, lo que conllevaría a un monto presumiblemente cercano a los 10.000.000 de pesos sobre finales de este 2023.
Los datos colectados en las últimas horas consignan que personal de carrera de la Subsecretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires, a cuyo frente se encuentra el ingeniero Gastón Ghioni, y una semana de la charla que mantuvo con el intendente Arturo Rojas en la ciudad de La Plata, habrían intercambiado pormenores en atención al procedimiento con autoridades de la Municipalidad de Necochea que, se concluye, culminaría con el planteo oficial y por escrito de la intervención promovida por la comuna necochense.
Como primer paso estaría el pedido -ya se habría concretado- de una auditoría general de la Usina Popular Cooperativa, tarea que estaría a cargo de una comitiva de la OCEBA (Organismo de Control de Energía de la Provincia de Buenos Aires).
NUMEROS Y PANORAMA INTEGRAL
Profesionales de esta entidad desembarcarían en los próximos días en el edificio de la UPC para verificar el estado de situación general de la concesionaria, no tan sólo en sus más que críticos números -un extraordinario pasivo que, chequeado por aquella dependencia bonaerense, marcaría una luz roja a la UPC-, sino en tomar asimismo conocimiento del panorama integral de las diversas áreas que la componen, el procedimiento llevado a cabo en licitaciones, un agudo monitoreo de ejercicios anteriores y tomar debida nota de la calidad sobre las numerosas toma de decisiones concretadas en los últimos tiempos, al igual que el comportamiento de las reuniones y las decisiones surgidas recientemente desde el consejo de administración.
En el Ejecutivo comunal necochense se deduce que las conclusiones de esta auditoría -nadie a ciencia cierta puede establecer el tiempo que demandaría esta tarea- serviría de base para el siguiente paso.
Este consistiría en la presunta redacción de un proyecto de ordenanza -o sea que intervendría el Concejo Deliberante-, solicitando el Departamento Ejecutivo, con los fundamentos de lo que concluya la labor de la OCEBA, la intervención de la concesionaria eléctrica, designándose en el mismo texto -cuestión que se halla en etapa de análisis- al responsable de esta futura etapa, con el consiguiente desplazamiento del cuerpo político que hoy tiene a su frente la conducción de la UPC.
SEGUIMIENTO DE ROJAS
Apuntes vinculados precisaron que el intendente Rojas estaría siguiendo el tema minuto a minuto, en la intención de que “antes de que concluya este año o a más tardar entre enero y febrero (de 2024) esté todo ordenado -llámese resultado de la auditoría y la eventual intervención-, en el deseo de que a la brevedad se empiece a ordenar una institución que la considera se encuentra cayéndose al precipicio”.
Referencias vinculadas también puntualizan el supuesto interés de las actuales autoridades de la UPC de establecer alguna charla o reunión con el jefe comunal para que no se produzca la mencionada intervención.
“Para el intendente es un ciclo de una administración terminada. Además, piensa y tiene pruebas de ello que este cuerpo de consejeros -por aquellas autoridades- no tienen palabra alguna. No hay ni habrá negociación alguna porque está en juego el servicio eléctrico de toda la ciudad, y el jefe comunal está convencido de que la presente conducción de la UPC no tiene cualidad alguna para solucionar los gravísimos problemas que afronta la institución”, se acotó finalmente.
