Rojas rechazó en su totalidad la ordenanza que reducía el servicio de estacionamiento medido. Interpreta que es un nuevo intento de avance sobre facultades reservadas al Departamento Ejecutivo
El veto total dispuesto por el Departamento Ejecutivo sobre la ordenanza que modifica el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) trasciende ampliamente la discusión sobre qué calles deben o no estar alcanzadas por el estacionamiento pago.
La decisión del intendente Arturo Rojas abre un nuevo capítulo en la relación institucional con el Concejo Deliberante y vuelve a instalar una pregunta que atraviesa buena parte de la política local ¿Hasta dónde llegan las facultades del órgano legislativo y dónde comienzan las atribuciones exclusivas del Ejecutivo?
Esa parece ser, en realidad, la cuestión de fondo. La ordenanza Nº 12.240 había sido aprobada por mayoría en el Concejo con el objetivo de reducir el área comprendida por el estacionamiento medido.
La iniciativa encontró respaldo en concejales que interpretan que el sistema, tal como funciona actualmente, representa una carga para comerciantes, clientes y trabajadores que concurren diariamente al centro de la ciudad.
El argumento político que sostuvo esa posición resulta comprensible. En un contexto económico complejo, donde el consumo muestra señales de retracción y el comercio procura recuperar movimiento, reducir la superficie del estacionamiento pago aparece como un gesto destinado a facilitar el acceso al centro comercial, eliminar un costo adicional para quienes realizan compras y generar condiciones más favorables para la actividad privada.
No se trata de una discusión menor. En muchas ciudades, la política de estacionamiento constituye también una herramienta de promoción comercial y suele revisarse cuando cambian las condiciones económicas.
Sin embargo, el Ejecutivo sostiene una mirada completamente distinta. En el decreto N.º 2109/26, mediante el cual veta íntegramente la ordenanza, el gobierno municipal afirma que el Sistema de Estacionamiento Medido no puede analizarse únicamente desde la óptica comercial ni mucho menos como un mecanismo de recaudación.
ORDENAMIENTO URBANO
Por el contrario, entiende que se trata de una política pública de ordenamiento urbano cuya finalidad principal consiste en garantizar la rotación vehicular, optimizar el uso del espacio público y facilitar que una mayor cantidad de vecinos pueda acceder a los sectores de mayor concentración administrativa, comercial y de servicios.
Desde esa perspectiva, disminuir el área alcanzada por el SEM podría terminar generando un efecto inverso al buscado por quienes impulsaron la reforma.
Si desaparece el incentivo económico para liberar los espacios, sostiene el Ejecutivo, aumentan las permanencias prolongadas de vehículos, disminuye la rotación y encontrar un lugar para estacionar en el centro puede transformarse en una tarea aún más difícil para quienes necesitan realizar trámites o compras breves.
Es decir, la administración municipal plantea que el verdadero beneficiario del sistema no es únicamente el municipio, sino también el usuario que necesita disponibilidad de espacios durante el día.
Pero el aspecto más relevante del decreto probablemente no sea ese. El núcleo del veto descansa sobre una cuestión institucional.
INVASION DE COMPETENCIAS
El Ejecutivo sostiene que la ordenanza invade competencias que la legislación provincial reserva exclusivamente al Departamento Ejecutivo. Según esa interpretación, modificar el funcionamiento de un servicio administrado por el municipio implica alterar decisiones operativas, afectar recursos humanos, modificar previsiones presupuestarias y alterar criterios de administración cuya responsabilidad política y legal corresponde al intendente.
En otras palabras, el gobierno no discute solamente la conveniencia de reducir el estacionamiento medido. Discute, sobre todo, quién tiene la facultad de hacerlo.
El decreto invoca dictámenes técnicos y jurídicos que concluyen que la ordenanza aprobada por el Concejo avanza sobre materias vinculadas con la organización administrativa y la ejecución presupuestaria, competencias que la Ley Orgánica de las Municipalidades asigna al Departamento Ejecutivo.
No es un argumento nuevo dentro de la política necochense. Durante los últimos meses se multiplicaron las diferencias entre ambos poderes respecto del alcance de las ordenanzas impulsadas por el Concejo.
HERRAMIENTA INSTITUCIONAL
En varias oportunidades el Ejecutivo sostuvo que determinadas iniciativas, aun cuando persiguieran objetivos políticamente compartibles, excedían las atribuciones del cuerpo deliberativo al interferir en decisiones propias de la administración municipal.
En ese contexto, el veto aparece como una herramienta institucional prevista precisamente para resolver este tipo de conflictos.
No supone desconocer el rol del Concejo, sino fijar un límite cuando el Ejecutivo considera que una ordenanza afecta competencias que le son propias.
Naturalmente, la interpretación no es unívoca.
Desde el ámbito legislativo posiblemente volverán a sostener que el Concejo posee la potestad de establecer políticas públicas mediante ordenanzas y que el debate sobre el estacionamiento medido forma parte de esa facultad normativa.
Allí radica, precisamente, el trasfondo político del episodio. Más que una controversia sobre el valor de una tarifa o sobre el alcance territorial del SEM, lo que vuelve a ponerse en discusión es el equilibrio entre dos poderes que, por definición, deben controlarse mutuamente sin invadir las competencias del otro.
El veto deja, además, una señal política. El Ejecutivo eligió no introducir observaciones parciales ni promover modificaciones puntuales. Optó por rechazar íntegramente la ordenanza, reafirmando una posición de principio sobre sus facultades de gobierno y administración.
A todo esto, en el comunicado oficial del que dio cuenta el Departamento Ejecutivo, se informó este lunes 6 de julio que “ya se encuentra trabajando en una propuesta integral de actualización del Sistema de Estacionamiento Medido, que contemplará un paquete de beneficios e incentivos tanto para los usuarios como para los comerciantes. La iniciativa será elevada oportunamente al Concejo Deliberante para su tratamiento, con el objetivo de modernizar el sistema, mejorar la experiencia de quienes lo utilizan y acompañar la actividad comercial mediante herramientas concretas y sostenibles.
Y se añadieron conceptos del intendente Rojas. “Nuestro compromiso es con los comerciantes, con los vecinos y con el respeto a las instituciones. Sabemos que el comercio atraviesa un momento complejo y queremos acompañarlo con medidas que realmente generen resultados. Por eso estamos trabajando en una propuesta superadora, con beneficios para usuarios y comerciantes, que enviaremos al Concejo Deliberante para su tratamiento. Nuestro objetivo es fortalecer la actividad económica, pero siempre dentro de la ley y con la responsabilidad que implica administrar los recursos de todos los necochenses”, expresó.
Ahora la palabra también vuelve al Concejo Deliberante. Allí deberá definirse si existe voluntad política para insistir con la norma o si el veto termina cerrando, al menos por ahora, un debate que comenzó hablando de estacionamiento, pero terminó exhibiendo una discusión mucho más profunda acerca del funcionamiento institucional del municipio y del delicado equilibrio de atribuciones entre quienes legislan y quienes gobiernan.
