La empresa pretende que mientras se discuten sus términos, se otorgue otra prórroga
Terminal Quequén pretende “una licitación transparente” para la concesión del servicio del elevador, que dicha empresa tuvo durante los 30 años de duración y que se ha ido prorrogando a partir de 2022, cuando se venció el plazo que se otorgara en 1992, en el marco de una desregulación del Estado, impulsada durante el primer gobierno de Carlos Menem.
La empresa no sólo desea cristalinidad en una nueva licitación: también pretende que se le reconozca “lo realizado en los últimos 33 años”.
La prórroga vigente vence en noviembre. Difícilmente antes de esa fecha pueda desarrollarse un proceso licitatorio, que requiere tiempo, ya que el mismo contempla la elaboración del pliego de bases y condiciones, el llamado correspondiente, la apertura de ofertas, la adjudicación y la entrega de las instalaciones.
En ese contexto, la pretensión de Terminal Quequén es que a la brevedad se otorgu una nueva prórroga y que, mientras tanto, se discutan los términos del llamado a licitación.
Así lo expresó José Carlos Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en declaraciones periodísticas formuladas este martes, vía telefónica, con medios de prensa de Necochea, advirtiendo que hoy existe gran incertidumbre, ya que la empresa se ve impedida de prestar servicios más allá de noviembre. Por eso plantean que, a fin de evitar inconvenientes en diciembre, se disponga una nueva prórroga de la concesión.
Tanto en una entrevista concedida a “Punto de vista”, programa que se emite por Ecos Radio, como en otra realizada en el ciclo “Voces de la Ciudad”, por FM Del Mar, Martins recordó que un año antes de vencerse la concesión Terminal Quequén, tomando el ejemplo de lo que se hizo en Bahía Blanca, se propuso una inversión de capital a cambio de una prórroga prolongada. Para seguir administrando el elevador Ministro Antonio de Tomaso de Puerto Quequén, en este caso, se propuso hacer inversiones por unos 25 millones de dólares en obras de infraestructura, a fin de modernizar y hacer más eficiente la operatoria.
El directivo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, principal accionista de Terminal Quequén, expresó que no entiende por qué se desechó dicha propuesta, acotando que nunca obtuvieron respuesta. Mientras tanto, se fueron otorgando prórrogas, generándose incertidumbre ante la conclusión de cada una de ellas.
“La concesión termina en noviembre y ya no estamos en condiciones dee ofrecer servicios para el trigo y la cebada, que vienen en diciembre”, advirtió.
Martins negó que Terminal Quequén haya incumplido compromisos de obras incluidos en la concesión, tal como lo manifestó el gobernador Axel Kicillof. Descartó de plano que haya habido negociaciones por supuestas multas en tal sentido.
Respecto de la reserva de carga que pretendería la Provincia para usar el elevador, destinándolo a los pequeños productores, consideró que a Kicillof “lo están asesorando mal”, porque “el pequeño productor no exporta” y tampoco lo hace Terminal Quequén, que sólo presta el servicio del uso del elevador.
“Somos la única empresa que reúne a toda la cadena agroexportadora”, subrayó el directivo.
Cabe acotar que las Sociedades Rurales del Sudeste, que representa a entidades de productores agropecuarios, manifestó su rechazo a una mayor participación del Estado en la comercialización de granos, siendo los dirigentes de dicha institución quienes sugirieron que desde el gobierno se alentaba una “licitación express”, así como la creación de una especie de “junta de granos” provincial. Esto fue desmentido por la presidenta del consorcio portuario, Jimena López.
El elevador “Ministro Antonio de Tomaso”, como se denomina oficialmente el complejo ubicado en la margen de Quequén del puerto, fue construido en 1945. Posteriormente se hicieron ampliaciones y fue administrado por la Junta Nacional de Granos, hasta que ésta se disolvió y se hizo el llamado a licitación en 1992, del que resultó adjudicataria Terminal Quequén, empresa que tiene como accionistas a diversos sectores de la cadena agroexportadora, incluyendo la Bolsa de Cereales, cámaras arbitrales, entidades de productores y acopiadores, entre otros.
