Subrayó ADEPA, rechazando que se regulen contenidos en los medios de prensa
“En el sistema democrático la tarea informativa de medios y periodistas puede ser cuestionado, pero la crítica –aun la más vehemente- está lejos de constituir un delito”, afirmó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) en su informe semestral de Libertad de Prensa.
Recalcó, además, que la crítica “tampoco puede ser una excusa para regular los contenidos que se expresan en los medios de comunicación”.
La postura de ADEPA fue fijada en su 60° asamblea anual, llevada a cabo en El Calafate, en la provincia de Santa Cruz.
Martín Etchevers, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la entidad de medios periodísticos, subrayó que la Constitución Nacional “es muy clara: la ciudadanía debe gozar de la posibilidad de expresar sus opiniones sin censura previa. Lo mismo sostiene la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que nuestro país adhiere”.
El dirigente agregó que “de hecho, la legislación argentina se desprendió en las últimas décadas de aspectos autoritarios y anacrónicos, como los delitos de desacato y calumnias e injurias, algo que entonces fue celebrado por ADEPA y por el conjunto de la sociedad”.
De esta manera, la entidad se pronunció ante la posibilidad de que se pretenda regular contenidos en medios periodísticos y redes sociales, esbozada por dirigentes políticos del oficialismo e incluso por el propio presidente Alberto Fernández.
A partir del juicio oral por la llamada Causa Vialidad y el grave atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández desde el oficialismo se ha pretendido responsabilizar en buena medida a la prensa de crear un clima propicio para “estigmatizar” a la ex presidenta.
ADEPA alertó sobre el contexto enrarecido que se atraviesa, en el que el ejercicio de la libertad de expresión se vio tensionado en el último semestre y, especialmente, en las últimas semanas.
“El ataque sufrido por la vicepresidenta, repudiado de inmediato por ADEPA, entre muchas otras instituciones, desató una lamentable campaña por parte de ciertos sectores del oficialismo, que buscó vincular de modo temerario la actividad periodística con este episodio delictivo”, alertó la entidad en su informe.
Se recordó que la entidad condenó enérgicamente el atentado, a través de dos comunicados, exigiendo el esclarecimiento del singular episodio. También advirtió que, con el pretexto de combatir discursos de odio, que no se deben promover, tampoco se tiene que pretender silenciar las críticas.
“Eso –añadió Etchevers- sería afectar la libertad de expresión” Y agregó que “las derivaciones discursivas posteriores al atentado contra la vicepresidenta de la Nación luego fueron morigeradas, al menos en su potencial efecto legislativo, por la propia vicepresidenta y por la portavoz presidencial. Lo recibimos como un hecho saludable. De todos modos, la imputación indirecta al periodismo, sin base fáctica ni científica alguna, ha continuado manifestándose por medio de otros referentes del oficialismo”.
